Internacional
Juramento Presidencial en Colombia: La Controversial Apuesta de Abelardo de la Espriella y los Fantasmas del Pasado
Redacción Que Onda Salta
12 Jul, 2026 - 11:57 hs.
Una propuesta audaz y, para muchos, desafiante a la tradición republicana, ha sacudido el panorama político colombiano. Abelardo de la Espriella, el presidente electo de la nación, ha puesto sobre la mesa una inédita intención: realizar su acto de posesión en una guarnición militar. Lejos del solemne recinto del Congreso de la República, De la Espriella busca, según sus propias palabras, rendir un “honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados”, marcando así un gesto de respaldo inquebrantable a las fuerzas armadas. Su anuncio, sin embargo, lejos de ser un mero detalle protocolario, ha encendido un profundo debate sobre la legalidad y los precedentes históricos.
La controversia no se hizo esperar, pues la Constitución Política de Colombia, en su artículo 192, es explícita al exigir que la transmisión de mando se desarrolle en el Congreso o, excepcionalmente, ante la Corte Suprema de Justicia. Esta normativa establece un marco jurídico claro para la asunción presidencial, y la propuesta de De la Espriella, aparentemente rupturista, obliga a un escrutinio legal detallado. No obstante, el propio presidente del Senado, Lidio García, ha abierto una ventana a la posibilidad, señalando que la idea del mandatario electo podría ser viable siempre y cuando se presente una proposición en el legislativo y cuente con la autorización tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, lo que añadiría una capa de complejidad al ya tenso escenario político.
Aunque el presidente electo ha insistido en la naturaleza sin precedentes de su iniciativa, un vistazo a las páginas de la historia colombiana revela que no sería la primera vez que un jefe de Estado asume el poder fuera de las vías tradicionales. El primer antecedente notorio nos transporta al convulso siglo XIX, con la figura de Tomás Cipriano de Mosquera como protagonista. En 1861, tras liderar un levantamiento armado contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez, Mosquera sitió y capturó Bogotá. En un país sin un Congreso funcional, disuelto o con sus miembros dispersos o encarcelados, Mosquera se autoproclamó Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Colombia. En aquel contexto de ruptura y vacío de poder legislativo, su juramentación no ocurrió ante ninguna corporación ni tribunal, sentando un precedente de asunción extraordinaria forzada por la anarquía política y militar.
La trayectoria de Mosquera ofrecería un segundo episodio particular dos años más tarde. Para 1863, la base de su poder había evolucionado, dejando atrás la mera imposición por las armas para dar paso a un mandato civil transitorio, legitimado por una asamblea constituyente. Con el objetivo de legalizar la victoria de la revolución liberal y redactar una nueva Constitución, Mosquera convocó a delegados de los Estados Soberanos a la Convención de Rionegro. Fue allí, el 14 de mayo de 1863, donde se le nombró presidente de la República para el período transitorio. El acto formal de su posesión, por tanto, se realizó ante la mesa directiva de la propia Asamblea Constituyente, y no ante un Congreso bicameral, ya que dicho órgano aún no existía bajo el flamante régimen federal. Estas instancias de Mosquera ilustran cómo las crisis y los cambios de régimen pudieron alterar la ceremonia de juramentación.
Avanzando en el tiempo, bajo la era republicana del siglo XX, emerge otro caso paradigmático. En 1950, el dirigente conservador Laureano Gómez Castro se vio imposibilitado de posesionarse ante el Congreso, en un episodio que marcó la historia política colombiana. La raíz de esta anomalía se remonta a noviembre de 1949, cuando el entonces presidente Mariano Ospina Pérez decretó, bajo estado de sitio, la clausura y disolución del Congreso para evitar un juicio político. Con el Partido Liberal absteniéndose de participar en las elecciones subsiguientes por falta de garantías, Gómez se erigió como candidato único. Así, el 7 de agosto de 1950, su posesión se llevó a cabo en el Palacio de la Carrera (hoy Casa de Nariño), y el juramento oficial fue tomado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Domingo Sarasty, ante la Sala Plena de la corporación judicial. Este evento, lejos de ser una elección protocolaria, representó la formalización de un mandato en un contexto de profunda ruptura del orden parlamentario. De la Espriella, al proponer una ceremonia fuera de lo común, reabre así el debate sobre la flexibilidad institucional y la memoria de un pasado donde las circunstancias excepcionales redefinieron la norma.
La controversia no se hizo esperar, pues la Constitución Política de Colombia, en su artículo 192, es explícita al exigir que la transmisión de mando se desarrolle en el Congreso o, excepcionalmente, ante la Corte Suprema de Justicia. Esta normativa establece un marco jurídico claro para la asunción presidencial, y la propuesta de De la Espriella, aparentemente rupturista, obliga a un escrutinio legal detallado. No obstante, el propio presidente del Senado, Lidio García, ha abierto una ventana a la posibilidad, señalando que la idea del mandatario electo podría ser viable siempre y cuando se presente una proposición en el legislativo y cuente con la autorización tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, lo que añadiría una capa de complejidad al ya tenso escenario político.
Aunque el presidente electo ha insistido en la naturaleza sin precedentes de su iniciativa, un vistazo a las páginas de la historia colombiana revela que no sería la primera vez que un jefe de Estado asume el poder fuera de las vías tradicionales. El primer antecedente notorio nos transporta al convulso siglo XIX, con la figura de Tomás Cipriano de Mosquera como protagonista. En 1861, tras liderar un levantamiento armado contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez, Mosquera sitió y capturó Bogotá. En un país sin un Congreso funcional, disuelto o con sus miembros dispersos o encarcelados, Mosquera se autoproclamó Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Colombia. En aquel contexto de ruptura y vacío de poder legislativo, su juramentación no ocurrió ante ninguna corporación ni tribunal, sentando un precedente de asunción extraordinaria forzada por la anarquía política y militar.
La trayectoria de Mosquera ofrecería un segundo episodio particular dos años más tarde. Para 1863, la base de su poder había evolucionado, dejando atrás la mera imposición por las armas para dar paso a un mandato civil transitorio, legitimado por una asamblea constituyente. Con el objetivo de legalizar la victoria de la revolución liberal y redactar una nueva Constitución, Mosquera convocó a delegados de los Estados Soberanos a la Convención de Rionegro. Fue allí, el 14 de mayo de 1863, donde se le nombró presidente de la República para el período transitorio. El acto formal de su posesión, por tanto, se realizó ante la mesa directiva de la propia Asamblea Constituyente, y no ante un Congreso bicameral, ya que dicho órgano aún no existía bajo el flamante régimen federal. Estas instancias de Mosquera ilustran cómo las crisis y los cambios de régimen pudieron alterar la ceremonia de juramentación.
Avanzando en el tiempo, bajo la era republicana del siglo XX, emerge otro caso paradigmático. En 1950, el dirigente conservador Laureano Gómez Castro se vio imposibilitado de posesionarse ante el Congreso, en un episodio que marcó la historia política colombiana. La raíz de esta anomalía se remonta a noviembre de 1949, cuando el entonces presidente Mariano Ospina Pérez decretó, bajo estado de sitio, la clausura y disolución del Congreso para evitar un juicio político. Con el Partido Liberal absteniéndose de participar en las elecciones subsiguientes por falta de garantías, Gómez se erigió como candidato único. Así, el 7 de agosto de 1950, su posesión se llevó a cabo en el Palacio de la Carrera (hoy Casa de Nariño), y el juramento oficial fue tomado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Domingo Sarasty, ante la Sala Plena de la corporación judicial. Este evento, lejos de ser una elección protocolaria, representó la formalización de un mandato en un contexto de profunda ruptura del orden parlamentario. De la Espriella, al proponer una ceremonia fuera de lo común, reabre así el debate sobre la flexibilidad institucional y la memoria de un pasado donde las circunstancias excepcionales redefinieron la norma.
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