Internacional
Alerta roja en Benito Juárez: Vecinos mexicanos denuncian uso de veneno para ratas y temen por niños y mascotas en parques
Una profunda controversia ambiental y sanitaria sacude a la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, luego de que las autoridades anunciaran la implementación de un agresivo programa de control de roedores mediante el uso de veneno en sus áreas verdes. La decisión generó una ola de preocupación y rechazo entre los residentes, quienes advierten sobre el grave peligro que esta medida representa no solo para las ratas, sino también para sus mascotas, los niños que juegan en los parques y la fauna local que habita estos pulmones verdes de la metrópolis.
La voz de alarma resonó con particular fuerza a través de las redes sociales, impulsada por Alina (@Alina_Gag), una abogada especializada en derecho animal. Ella instó a los vecinos a unirse y exigir a las autoridades que reconsideren y reviertan esta acción, compartiendo capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que detallaban el operativo, el cual incluiría la aplicación de cebos tóxicos y fumigadores expansivos en al menos 24 parques de la delegación. La abogada no dudó en expresar su indignación: “Van a usar veneno y químicos tóxicos para matar ratas y ratoncitos. Eso ya me parece grave, pero además, ¿saben a cuántas ardillas, perros, gatos y fauna local van a matar?”.
Los habitantes de la zona no tardaron en sumarse a los cuestionamientos, señalando que el indiscriminado uso de químicos no solo es una amenaza para los roedores, sino también para especies como ardillas y aves, y, de forma aún más alarmante, para los animales domésticos y los infantes que transitan por estos espacios. Si bien los mensajes difundidos por la alcaldía informaban sobre el uso de cebos y productos expansivos, recomendando a los dueños de mascotas llevarlas con correa y evitar que ingresaran a zonas tratadas, la comunidad considera estas precauciones insuficientes y, en muchos casos, interpretadas como un traspaso de la responsabilidad a los propios vecinos ante posibles accidentes. “Si les ocurre algo por rascar o chupar el químico o cebo es responsabilidad del dueño porque ya está dentro de la Ley de deberes y obligaciones”, se leía en uno de los comunicados que ha generado aún más fricción.
Frente a la creciente tensión, Emilio Lauro Castro, subdirector de Programas Ambientales y Áreas Verdes de la alcaldía, salió al cruce de las críticas a través de un video, defendiendo el programa como una respuesta a una “demanda muy sentida de los vecinos” para controlar la fauna nociva. Castro enfatizó la responsabilidad de la administración local de “proteger la salud de las y los vecinos”, argumentando que la presencia de ratas es un “foco rojo” que implica riesgos sanitarios, daños a la infraestructura y afectaciones a otras especies, a pesar de las preocupaciones expresadas por la comunidad. El funcionario aseguró que la estrategia es implementada por personal especializado y bajo protocolos diseñados para minimizar los riesgos, aunque no logró disipar del todo el temor generalizado entre los residentes.
La alcaldía insiste en que su objetivo no es afectar a otras especies, sino recuperar espacios públicos seguros y saludables, recordando la obligación de pasear a los animales de compañía con correa y mantenerlos alejados de las zonas de fumigación. Sin embargo, la persistencia de las quejas y las reiteradas denuncias de Alina, que incluso compartió mensajes sobre la colocación de trampas con veneno en el Parque de San Lorenzo y la amenaza penal por la muerte de ardillas, revelan que la controversia está lejos de resolverse. Los vecinos se mantienen en alerta, con la abogada pidiendo explícitamente a quienes encuentren trampas que las retiren, poniendo de manifiesto la profunda brecha entre la gestión oficial y la percepción de riesgo de la ciudadanía.
La voz de alarma resonó con particular fuerza a través de las redes sociales, impulsada por Alina (@Alina_Gag), una abogada especializada en derecho animal. Ella instó a los vecinos a unirse y exigir a las autoridades que reconsideren y reviertan esta acción, compartiendo capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que detallaban el operativo, el cual incluiría la aplicación de cebos tóxicos y fumigadores expansivos en al menos 24 parques de la delegación. La abogada no dudó en expresar su indignación: “Van a usar veneno y químicos tóxicos para matar ratas y ratoncitos. Eso ya me parece grave, pero además, ¿saben a cuántas ardillas, perros, gatos y fauna local van a matar?”.
Los habitantes de la zona no tardaron en sumarse a los cuestionamientos, señalando que el indiscriminado uso de químicos no solo es una amenaza para los roedores, sino también para especies como ardillas y aves, y, de forma aún más alarmante, para los animales domésticos y los infantes que transitan por estos espacios. Si bien los mensajes difundidos por la alcaldía informaban sobre el uso de cebos y productos expansivos, recomendando a los dueños de mascotas llevarlas con correa y evitar que ingresaran a zonas tratadas, la comunidad considera estas precauciones insuficientes y, en muchos casos, interpretadas como un traspaso de la responsabilidad a los propios vecinos ante posibles accidentes. “Si les ocurre algo por rascar o chupar el químico o cebo es responsabilidad del dueño porque ya está dentro de la Ley de deberes y obligaciones”, se leía en uno de los comunicados que ha generado aún más fricción.
Frente a la creciente tensión, Emilio Lauro Castro, subdirector de Programas Ambientales y Áreas Verdes de la alcaldía, salió al cruce de las críticas a través de un video, defendiendo el programa como una respuesta a una “demanda muy sentida de los vecinos” para controlar la fauna nociva. Castro enfatizó la responsabilidad de la administración local de “proteger la salud de las y los vecinos”, argumentando que la presencia de ratas es un “foco rojo” que implica riesgos sanitarios, daños a la infraestructura y afectaciones a otras especies, a pesar de las preocupaciones expresadas por la comunidad. El funcionario aseguró que la estrategia es implementada por personal especializado y bajo protocolos diseñados para minimizar los riesgos, aunque no logró disipar del todo el temor generalizado entre los residentes.
La alcaldía insiste en que su objetivo no es afectar a otras especies, sino recuperar espacios públicos seguros y saludables, recordando la obligación de pasear a los animales de compañía con correa y mantenerlos alejados de las zonas de fumigación. Sin embargo, la persistencia de las quejas y las reiteradas denuncias de Alina, que incluso compartió mensajes sobre la colocación de trampas con veneno en el Parque de San Lorenzo y la amenaza penal por la muerte de ardillas, revelan que la controversia está lejos de resolverse. Los vecinos se mantienen en alerta, con la abogada pidiendo explícitamente a quienes encuentren trampas que las retiren, poniendo de manifiesto la profunda brecha entre la gestión oficial y la percepción de riesgo de la ciudadanía.
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