Salta
Alerta en Salta: La Venta Ilegal de Celulares Ahoga a los Comercios Establecidos
Redacción Que Onda Salta
10 Jul, 2026 - 23:07 hs.
Una preocupación creciente y un desafío mayúsculo acechan al sector tecnológico salteño. Los comerciantes que operan bajo las normativas vigentes se ven inmersos en una encarnizada batalla contra la proliferación descontrolada de vendedores informales, quienes, sin las cargas y responsabilidades del comercio formal, distorsionan el mercado. En este escenario de distorsión económica, Einer Batista, un referente del rubro al frente de Celushop y Litech, ha alzado su voz para advertir sobre las graves consecuencias que esta competencia desleal implica para el futuro de las empresas que sí cumplen con la ley en la provincia.
La raíz de esta competencia desleal yace en una profunda asimetría impositiva. Mientras los comercios establecidos afrontan rigurosos compromisos como el pago de alquileres, salarios de personal y una pesada carga tributaria –entre la que se destaca Ingresos Brutos, que representa entre un 4% y un 5% de su facturación total–, los vendedores informales, que operan a través de redes sociales o desde oficinas improvisadas, evaden sistemáticamente estos costos. Esta ausencia de tributos les permite ofrecer precios considerablemente más bajos, un factor decisivo en un rubro donde los márgenes de ganancia son, de por sí, reducidos. Esta disparidad fiscal no solo reduce la rentabilidad de los formales, sino que los coloca en una situación de desventaja casi insostenible.
Pese a los reiterados reclamos y las insistentes denuncias presentadas por el sector ante las autoridades pertinentes, la respuesta estatal ha sido, hasta el momento, insuficiente. Batista enfatiza la frustración de no encontrar soluciones efectivas que permitan detener esta sangría económica. La falta de acciones contundentes por parte de los organismos de control genera una sensación de desprotección entre los empresarios que, día a día, luchan por mantener sus puertas abiertas y sus empleados en nómina, en un contexto económico ya de por sí desafiante.
Si bien se registraron algunas intervenciones y decomisos de mercadería ingresada de manera irregular en otros sectores, como el textil, el rubro de la telefonía móvil no ha percibido la misma intensidad en los controles. Esta disparidad en la aplicación de la ley agrava la percepción de impunidad y alimenta la expansión del mercado clandestino de celulares. Es imperativo que las autoridades redoblen los esfuerzos y direccionen sus operativos de fiscalización específicamente hacia este sector, garantizando un piso de igualdad para todos los actores del comercio.
La subsistencia de un sector formal sólido y competitivo depende en gran medida de que las normas se cumplan para todos por igual. Es fundamental que las denuncias de los comerciantes encuentren el eco necesario y se transformen en acciones concretas que protejan a quienes generan empleo genuino y contribuyen con sus impuestos al desarrollo de la provincia. De lo contrario, la venta ilegal de celulares no solo seguirá golpeando a los empresarios salteños, sino que terminará ahogando la inversión, la formalidad y la capacidad de crecimiento de una industria vital para la economía local.
La raíz de esta competencia desleal yace en una profunda asimetría impositiva. Mientras los comercios establecidos afrontan rigurosos compromisos como el pago de alquileres, salarios de personal y una pesada carga tributaria –entre la que se destaca Ingresos Brutos, que representa entre un 4% y un 5% de su facturación total–, los vendedores informales, que operan a través de redes sociales o desde oficinas improvisadas, evaden sistemáticamente estos costos. Esta ausencia de tributos les permite ofrecer precios considerablemente más bajos, un factor decisivo en un rubro donde los márgenes de ganancia son, de por sí, reducidos. Esta disparidad fiscal no solo reduce la rentabilidad de los formales, sino que los coloca en una situación de desventaja casi insostenible.
Pese a los reiterados reclamos y las insistentes denuncias presentadas por el sector ante las autoridades pertinentes, la respuesta estatal ha sido, hasta el momento, insuficiente. Batista enfatiza la frustración de no encontrar soluciones efectivas que permitan detener esta sangría económica. La falta de acciones contundentes por parte de los organismos de control genera una sensación de desprotección entre los empresarios que, día a día, luchan por mantener sus puertas abiertas y sus empleados en nómina, en un contexto económico ya de por sí desafiante.
Si bien se registraron algunas intervenciones y decomisos de mercadería ingresada de manera irregular en otros sectores, como el textil, el rubro de la telefonía móvil no ha percibido la misma intensidad en los controles. Esta disparidad en la aplicación de la ley agrava la percepción de impunidad y alimenta la expansión del mercado clandestino de celulares. Es imperativo que las autoridades redoblen los esfuerzos y direccionen sus operativos de fiscalización específicamente hacia este sector, garantizando un piso de igualdad para todos los actores del comercio.
La subsistencia de un sector formal sólido y competitivo depende en gran medida de que las normas se cumplan para todos por igual. Es fundamental que las denuncias de los comerciantes encuentren el eco necesario y se transformen en acciones concretas que protejan a quienes generan empleo genuino y contribuyen con sus impuestos al desarrollo de la provincia. De lo contrario, la venta ilegal de celulares no solo seguirá golpeando a los empresarios salteños, sino que terminará ahogando la inversión, la formalidad y la capacidad de crecimiento de una industria vital para la economía local.
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