Internacional
Giro Judicial en Colombia: Santiago Uribe, hermano del expresidente, cumplirá condena en guarnición militar
Redacción Que Onda Salta
10 Jul, 2026 - 20:50 hs.
En un desarrollo que capta la atención de la esfera política y judicial en Colombia, Santiago Uribe Vélez, ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha sido oficialmente trasladado a una guarnición militar para iniciar el cumplimiento de la contundente condena de 28 años y tres meses de prisión. Este significativo movimiento se produce tras su imputación por homicidio agravado y concierto para delinquir, delitos vinculados al infame caso de la estructura paramilitar conocida como “Los doce apóstoles”. La noticia, confirmada por el propio Álvaro Uribe a través de su cuenta en la red social X, ha generado un amplio debate, especialmente al revelarse que la autorización provino del actual gobierno de Gustavo Petro, pese a la marcada oposición política entre ambos mandatarios.
El exmandatario no dudó en expresar su agradecimiento público, señalando en su mensaje de X: “Agradezco al Gobierno nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar”. En este mismo comunicado, Uribe Vélez destacó que el Ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, fue quien le comunicó la aprobación presidencial, un gesto que, según el expresidente, se basó en “las razones invocadas” por la defensa. A pesar de este traslado, la familia y el equipo legal de Santiago Uribe han reafirmado su compromiso de proseguir con las actuaciones jurídicas pertinentes, con la firme convicción de buscar "pruebas sobrevinientes" que permitan "corregir la enorme injusticia de su condena", tal como lo manifestó el exjefe de Estado.
La solicitud para que Uribe cumpliera su pena en una guarnición militar, específicamente en el Batallón Juan del Corral en Rionegro, Antioquia, o en otra instalación dentro del mismo departamento, había sido presentada previamente por su abogado Jaime Enrique Granados Peña, quien fundamentó su petición en motivos de seguridad y arraigo familiar. Esta autorización se concreta casi un mes después de que Santiago Uribe se presentara voluntariamente ante las autoridades, cumpliendo una orden de captura emitida tras el rechazo del recurso extraordinario de casación por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicha decisión judicial, al considerarlo improcedente y con la garantía de doble conformidad ya satisfecha, dejó en firme la sentencia impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia y agotó las vías ordinarias para su impugnación, sellando así un largo y complejo periplo judicial.
La condena de Santiago Uribe se inserta en el sombrío capítulo de “Los doce apóstoles”, una estructura paramilitar que, según las exhaustivas conclusiones judiciales, operó con brutalidad en el municipio de Yarumal, Antioquia, durante la turbulenta década de los noventa. Los fallos judiciales han establecido que esta organización habría perpetrado homicidios selectivos, dirigidos contra individuos sospechosos de tener lazos o simpatías con grupos insurgentes, configurando un patrón sistemático de persecución en diversas zonas del norte antioqueño. La Corte Suprema ha sostenido la tesis de que estos crímenes constituyen delitos de lesa humanidad, una calificación jurídica crucial que impidió la prescripción del proceso, a pesar del prolongado lapso transcurrido desde el inicio de las investigaciones en 1995.
A lo largo de los años, el expediente de “Los doce apóstoles” ha sido testigo de giros inesperados: archivado en 1999 por falta de pruebas y reactivado más de una década después, en 2010, gracias a las declaraciones del mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. Este último afirmó el presunto rol de liderazgo de Santiago Uribe dentro de la organización, señalando la hacienda La Carolina como su centro de operaciones. Tras una compleja investigación, la Fiscalía ordenó su captura en 2016. Aunque inicialmente absuelto en primera instancia en noviembre de 2024 por un juzgado de Medellín, debido a "dudas sobre la credibilidad y el alcance de algunos testimonios", esta decisión fue vigorosamente apelada por la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas. Finalmente, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa absolución, encontrando elementos probatorios suficientes para establecer la responsabilidad penal por homicidio agravado y concierto para delinquir, con el homicidio de Camilo Barrientos en 1994 como uno de los hechos centrales de la condena.
El exmandatario no dudó en expresar su agradecimiento público, señalando en su mensaje de X: “Agradezco al Gobierno nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar”. En este mismo comunicado, Uribe Vélez destacó que el Ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, fue quien le comunicó la aprobación presidencial, un gesto que, según el expresidente, se basó en “las razones invocadas” por la defensa. A pesar de este traslado, la familia y el equipo legal de Santiago Uribe han reafirmado su compromiso de proseguir con las actuaciones jurídicas pertinentes, con la firme convicción de buscar "pruebas sobrevinientes" que permitan "corregir la enorme injusticia de su condena", tal como lo manifestó el exjefe de Estado.
La solicitud para que Uribe cumpliera su pena en una guarnición militar, específicamente en el Batallón Juan del Corral en Rionegro, Antioquia, o en otra instalación dentro del mismo departamento, había sido presentada previamente por su abogado Jaime Enrique Granados Peña, quien fundamentó su petición en motivos de seguridad y arraigo familiar. Esta autorización se concreta casi un mes después de que Santiago Uribe se presentara voluntariamente ante las autoridades, cumpliendo una orden de captura emitida tras el rechazo del recurso extraordinario de casación por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicha decisión judicial, al considerarlo improcedente y con la garantía de doble conformidad ya satisfecha, dejó en firme la sentencia impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia y agotó las vías ordinarias para su impugnación, sellando así un largo y complejo periplo judicial.
La condena de Santiago Uribe se inserta en el sombrío capítulo de “Los doce apóstoles”, una estructura paramilitar que, según las exhaustivas conclusiones judiciales, operó con brutalidad en el municipio de Yarumal, Antioquia, durante la turbulenta década de los noventa. Los fallos judiciales han establecido que esta organización habría perpetrado homicidios selectivos, dirigidos contra individuos sospechosos de tener lazos o simpatías con grupos insurgentes, configurando un patrón sistemático de persecución en diversas zonas del norte antioqueño. La Corte Suprema ha sostenido la tesis de que estos crímenes constituyen delitos de lesa humanidad, una calificación jurídica crucial que impidió la prescripción del proceso, a pesar del prolongado lapso transcurrido desde el inicio de las investigaciones en 1995.
A lo largo de los años, el expediente de “Los doce apóstoles” ha sido testigo de giros inesperados: archivado en 1999 por falta de pruebas y reactivado más de una década después, en 2010, gracias a las declaraciones del mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. Este último afirmó el presunto rol de liderazgo de Santiago Uribe dentro de la organización, señalando la hacienda La Carolina como su centro de operaciones. Tras una compleja investigación, la Fiscalía ordenó su captura en 2016. Aunque inicialmente absuelto en primera instancia en noviembre de 2024 por un juzgado de Medellín, debido a "dudas sobre la credibilidad y el alcance de algunos testimonios", esta decisión fue vigorosamente apelada por la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas. Finalmente, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa absolución, encontrando elementos probatorios suficientes para establecer la responsabilidad penal por homicidio agravado y concierto para delinquir, con el homicidio de Camilo Barrientos en 1994 como uno de los hechos centrales de la condena.
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