Internacional
Giro Impactante en Colombia: Defensa del General (r) Zapateiro Presenta Pruebas Explosivas y Pide Frenar Imputación por Acoso Sexual
Redacción Que Onda Salta
10 Jul, 2026 - 20:51 hs.
En un desarrollo que podría redefinir el rumbo de un mediático proceso judicial, la defensa del General (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda ha solicitado formalmente a la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en Colombia la suspensión del avance del caso penal en su contra. El excomandante del Ejército enfrenta una imputación por presunto acoso sexual, pero sus abogados han puesto sobre la mesa 14 "pruebas sobrevinientes" que, según argumentan, desvirtúan de manera contundente la hipótesis inicial de la acusación. Esta estrategia legal busca una reevaluación integral del expediente, poniendo en jaque el proceso que involucra a una funcionaria jurídica del Comando Cibernético de las Fuerzas Militares y una subalterna oficial de la institución.
La solicitud, materializada en un memorial de 29 páginas radicado por el abogado Jhonny Mercado González, no solo busca frenar la imputación, sino que directamente pide la preclusión de la investigación. La defensa sostiene que el escenario probatorio ha experimentado un giro radical tras la aparición de estos nuevos elementos, los cuales, a su juicio, obligan a la Fiscalía a reconsiderar si aún subsisten los fundamentos para sustentar una eventual sentencia condenatoria. Este audaz movimiento se produce después de que el proceso contra el alto oficial había cobrado impulso a finales de abril, cuando un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Entre los elementos más sobresalientes aportados por la defensa, se encuentra una certificación expedida por la Escuela Superior de Guerra. Este documento, según el memorial, detalla que Zapateiro no asistió a la denominada “Cátedra Colombia” el 16 de julio de 2021, una actividad que, paradójicamente, había sido incluida en la reconstrucción de los hechos por parte de la Fiscalía. Asimismo, se sumaron al expediente declaraciones juramentadas de oficiales activos y en retiro, quienes, categóricamente, manifestaron “no haber recibido instrucciones” del entonces comandante del Ejército para intervenir en procesos de selección, evaluaciones psicológicas o decisiones administrativas relacionadas con una de las denunciantes, debilitando así la tesis de un uso indebido de la autoridad.
Por otra parte, la defensa puso el foco en la evidencia digital, específicamente los mensajes de WhatsApp incorporados al expediente. El abogado Mercado enfatiza la ausencia de estudios de informática forense que permitan establecer con certeza la autenticidad, integridad y autoría de estas comunicaciones. Se argumenta que la Fiscalía aún no ha acreditado técnicamente que los mensajes atribuidos al General (r) Zapateiro hayan sido enviados directamente por él, lo que exige una evaluación mucho más amplia antes de adoptar cualquier decisión definitiva. Adicionalmente, el memorial hace referencia a un auto inhibitorio emitido en una actuación disciplinaria relacionada con una de las denunciantes, un antecedente que, aunque independiente, la defensa considera relevante para el contexto probatorio actual.
Finalmente, la defensa subraya que el principio constitucional de objetividad obliga al ente investigador a valorar no solo los elementos que sustentan la hipótesis de cargo, sino también aquellos que favorecen al investigado. Según Mercado, la valoración probatoria realizada al momento de solicitar la audiencia de imputación ya no refleja el estado actual del expediente, dadas las nuevas incorporaciones. Con base en estos argumentos, la defensa insiste en la preclusión de la actuación penal y una reevaluación integral del caso, esperando que las nuevas pruebas modifiquen el panorama procesal antes de que el trámite judicial continúe en el Tribunal Superior de Bogotá, donde la audiencia de imputación permanece pendiente.
La solicitud, materializada en un memorial de 29 páginas radicado por el abogado Jhonny Mercado González, no solo busca frenar la imputación, sino que directamente pide la preclusión de la investigación. La defensa sostiene que el escenario probatorio ha experimentado un giro radical tras la aparición de estos nuevos elementos, los cuales, a su juicio, obligan a la Fiscalía a reconsiderar si aún subsisten los fundamentos para sustentar una eventual sentencia condenatoria. Este audaz movimiento se produce después de que el proceso contra el alto oficial había cobrado impulso a finales de abril, cuando un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Entre los elementos más sobresalientes aportados por la defensa, se encuentra una certificación expedida por la Escuela Superior de Guerra. Este documento, según el memorial, detalla que Zapateiro no asistió a la denominada “Cátedra Colombia” el 16 de julio de 2021, una actividad que, paradójicamente, había sido incluida en la reconstrucción de los hechos por parte de la Fiscalía. Asimismo, se sumaron al expediente declaraciones juramentadas de oficiales activos y en retiro, quienes, categóricamente, manifestaron “no haber recibido instrucciones” del entonces comandante del Ejército para intervenir en procesos de selección, evaluaciones psicológicas o decisiones administrativas relacionadas con una de las denunciantes, debilitando así la tesis de un uso indebido de la autoridad.
Por otra parte, la defensa puso el foco en la evidencia digital, específicamente los mensajes de WhatsApp incorporados al expediente. El abogado Mercado enfatiza la ausencia de estudios de informática forense que permitan establecer con certeza la autenticidad, integridad y autoría de estas comunicaciones. Se argumenta que la Fiscalía aún no ha acreditado técnicamente que los mensajes atribuidos al General (r) Zapateiro hayan sido enviados directamente por él, lo que exige una evaluación mucho más amplia antes de adoptar cualquier decisión definitiva. Adicionalmente, el memorial hace referencia a un auto inhibitorio emitido en una actuación disciplinaria relacionada con una de las denunciantes, un antecedente que, aunque independiente, la defensa considera relevante para el contexto probatorio actual.
Finalmente, la defensa subraya que el principio constitucional de objetividad obliga al ente investigador a valorar no solo los elementos que sustentan la hipótesis de cargo, sino también aquellos que favorecen al investigado. Según Mercado, la valoración probatoria realizada al momento de solicitar la audiencia de imputación ya no refleja el estado actual del expediente, dadas las nuevas incorporaciones. Con base en estos argumentos, la defensa insiste en la preclusión de la actuación penal y una reevaluación integral del caso, esperando que las nuevas pruebas modifiquen el panorama procesal antes de que el trámite judicial continúe en el Tribunal Superior de Bogotá, donde la audiencia de imputación permanece pendiente.
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