Salta
Frontera Salteña: La Justicia Federal de la Capital Derivó a Orán y Tartagal el Amparo Clave por el Comercio
Redacción Que Onda Salta
07 Nov, 2026 - 20:16 hs.
La disputa legal por las restricciones al comercio fronterizo en Salta ha dado un giro inesperado y significativo. El Juzgado Federal N.º 2 de la capital provincial se ha declarado incompetente territorialmente en el amparo colectivo presentado por las municipalidades de Aguas Blancas y Salvador Mazza, las dos localidades más afectadas por las nuevas normativas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta decisión, lejos de resolver la cuestión de fondo, traslada el epicentro de la batalla judicial al corazón del norte salteño, hacia los tribunales federales de Orán y Tartagal, manteniendo en vilo a miles de familias y comerciantes que dependen del intercambio transfronterizo.
El magistrado Diego Anzorreguy, a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Salta, fundamentó su resolución en una cuestión de territorialidad. Con fecha 26 de octubre, el fallo ordena la remisión del expediente a la Mesa Distribuidora de los Juzgados Federales de Orán-Tartagal, argumentando que los efectos de las normas cuestionadas impactan directamente en los pasos fronterizos de las localidades demandantes. Es crucial destacar que esta medida no define la constitucionalidad de las restricciones impuestas por ARCA ni concede la tan esperada solicitud de suspensión cautelar de sus efectos, elementos centrales de la presentación municipal.
Las comunas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, con el patrocinio legal del Dr. Adrián Alejandro Albornoz, elevaron el amparo colectivo ante la Justicia, cuestionando vehementemente los drásticos cambios introducidos por la Resolución General 5910/2026 de ARCA al tradicional régimen de tráfico vecinal fronterizo. Esta normativa estableció un tope diario de 150 dólares para mercaderías destinadas a salir del país, además de prohibiciones para el egreso de ciertos granos y restricciones sobre productos en envases iguales o superiores a diez kilogramos, cuando no corresponden a formatos de consumo familiar. Los municipios insisten en que estas disposiciones han provocado una virtual paralización del comercio, afectando drásticamente los ingresos de los habitantes, la recaudación local y, en particular, la subsistencia de los conocidos como "bagayeros", una actividad que se ha desarrollado durante aproximadamente cuatro décadas en un marco de precariedad pero con cierto consenso tácito.
En su presentación, las comunas argumentaron que el régimen anterior había permitido el florecimiento de una economía local vinculada al intercambio transfronterizo, generando empleo y desarrollo en una región con escasas alternativas económicas. Adicionalmente, pusieron en tela de juicio las facultades de ARCA para dictar tales limitaciones, sosteniendo que el organismo habría excedido sus atribuciones. A su entender, el objetivo legítimo de combatir el contrabando mayorista no justifica la imposición de restricciones tan amplias y generales que no distinguen entre operaciones comerciales lícitas e ilícitas, afectando desproporcionadamente a la economía familiar y al pequeño comerciante. Por ello, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, así como una medida cautelar urgente para suspender su aplicación mientras se sustancia el proceso.
El juez Anzorreguy, si bien reconoció la competencia de la Justicia Federal por tratarse de una normativa aduanera dictada por un organismo nacional, aplicó estrictamente la ley de amparo que asigna competencia al juez del lugar donde el acto cuestionado se manifiesta o produce, o puede producir, sus efectos. Dado que el meollo del reclamo radica en los pasos de Aguas Blancas y Salvador Mazza, la lógica judicial determinó la conexión directa con las jurisdicciones federales de Orán y Tartagal. Esta perspectiva territorial fue respaldada por el dictamen del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, quien además había planteado interrogantes sobre la legitimación de los municipios para representar judicialmente a los comerciantes mediante un amparo colectivo, aunque esta última cuestión no fue el eje central de la decisión del juez. Con este traslado, el futuro del comercio fronterizo salteño y la validez de las polémicas restricciones de ARCA quedan ahora en manos de los tribunales del norte provincial, en una saga judicial que promete seguir de cerca la realidad de una región vital para la provincia.
El magistrado Diego Anzorreguy, a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Salta, fundamentó su resolución en una cuestión de territorialidad. Con fecha 26 de octubre, el fallo ordena la remisión del expediente a la Mesa Distribuidora de los Juzgados Federales de Orán-Tartagal, argumentando que los efectos de las normas cuestionadas impactan directamente en los pasos fronterizos de las localidades demandantes. Es crucial destacar que esta medida no define la constitucionalidad de las restricciones impuestas por ARCA ni concede la tan esperada solicitud de suspensión cautelar de sus efectos, elementos centrales de la presentación municipal.
Las comunas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, con el patrocinio legal del Dr. Adrián Alejandro Albornoz, elevaron el amparo colectivo ante la Justicia, cuestionando vehementemente los drásticos cambios introducidos por la Resolución General 5910/2026 de ARCA al tradicional régimen de tráfico vecinal fronterizo. Esta normativa estableció un tope diario de 150 dólares para mercaderías destinadas a salir del país, además de prohibiciones para el egreso de ciertos granos y restricciones sobre productos en envases iguales o superiores a diez kilogramos, cuando no corresponden a formatos de consumo familiar. Los municipios insisten en que estas disposiciones han provocado una virtual paralización del comercio, afectando drásticamente los ingresos de los habitantes, la recaudación local y, en particular, la subsistencia de los conocidos como "bagayeros", una actividad que se ha desarrollado durante aproximadamente cuatro décadas en un marco de precariedad pero con cierto consenso tácito.
En su presentación, las comunas argumentaron que el régimen anterior había permitido el florecimiento de una economía local vinculada al intercambio transfronterizo, generando empleo y desarrollo en una región con escasas alternativas económicas. Adicionalmente, pusieron en tela de juicio las facultades de ARCA para dictar tales limitaciones, sosteniendo que el organismo habría excedido sus atribuciones. A su entender, el objetivo legítimo de combatir el contrabando mayorista no justifica la imposición de restricciones tan amplias y generales que no distinguen entre operaciones comerciales lícitas e ilícitas, afectando desproporcionadamente a la economía familiar y al pequeño comerciante. Por ello, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, así como una medida cautelar urgente para suspender su aplicación mientras se sustancia el proceso.
El juez Anzorreguy, si bien reconoció la competencia de la Justicia Federal por tratarse de una normativa aduanera dictada por un organismo nacional, aplicó estrictamente la ley de amparo que asigna competencia al juez del lugar donde el acto cuestionado se manifiesta o produce, o puede producir, sus efectos. Dado que el meollo del reclamo radica en los pasos de Aguas Blancas y Salvador Mazza, la lógica judicial determinó la conexión directa con las jurisdicciones federales de Orán y Tartagal. Esta perspectiva territorial fue respaldada por el dictamen del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, quien además había planteado interrogantes sobre la legitimación de los municipios para representar judicialmente a los comerciantes mediante un amparo colectivo, aunque esta última cuestión no fue el eje central de la decisión del juez. Con este traslado, el futuro del comercio fronterizo salteño y la validez de las polémicas restricciones de ARCA quedan ahora en manos de los tribunales del norte provincial, en una saga judicial que promete seguir de cerca la realidad de una región vital para la provincia.
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