Policiales
Alerta en Tartagal: La Justicia Investiga una Vastísima Red de Usura que Atrapa a Decenas de Familias
Redacción Que Onda Salta
07 Nov, 2026 - 20:21 hs.
En una preocupante revelación desde Tartagal, la justicia de Salta ha puesto la lupa sobre un oscuro entramado de usura e intermediación financiera no autorizada que habría sumido en la desesperación a decenas de familias. Lo que comenzó como un cúmulo de solicitudes de embargos en un juzgado civil, se transformó rápidamente en una alarma sobre posibles delitos penales de gran envergadura, con intereses que superan el 400% de lo prestado y promesas de dinero “en el acto” que esconden trampas insostenibles.
La trama se destapó cuando la jueza civil y comercial del distrito de Tartagal, María Eugenia Hernández Berni, se encontró en su despacho con un inusual y alarmante patrón: un mismo particular solicitaba el embargo de bienes —desde salarios y viviendas hasta vehículos— de al menos 40 personas. Todas ellas habían accedido a préstamos de dinero en efectivo con un interés anual del 310% y otras tasas adicionales que llevaban a devolver sumas cuatro veces mayores a las recibidas. Ante este cúmulo de evidencias que apuntaban a un esquema organizado y depredador, la magistrada no dudó en alertar al Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, quien dispuso la investigación por parte del fiscal Rafael Medina.
Sin embargo, la investigación no avanzó con la celeridad esperada. Tras meses de inacción por parte del agente fiscal, la jueza Hernández Berni volvió a insistir en septiembre, requiriendo informes urgentes sobre las medidas adoptadas, como allanamientos, secuestro de documentos y la toma de declaraciones a los posibles damnificados. Fuentes cercanas a la causa indicaron el caso de una joven de Villa Saavedra que había solicitado un millón de pesos y se encontraba obligada a devolver cuatro millones, un escenario que se replicaba entre el resto de las víctimas acorraladas por el prestamista.
La magistrada, con palpable preocupación, confirmó la situación y explicó su motivación para actuar: “Yo no soy jueza penal, por eso no puedo investigar la comisión de un delito como la usura, pero al encontrarme con 34 pedidos de embargos formulados por la misma persona, que reconoce prestar dinero sin ser una financiera, cuando veo los intereses astronómicos sin punto de comparación con los que cobra cualquier entidad financiera o bancaria, y más aún si esto se publicita, consideré que puede tratarse de delitos contemplados en el Código Penal”. Asimismo, Hernández Berni hizo hincapié en la dramática situación de muchísimas familias que, por necesidad, recurren a estos prestamistas y corren el riesgo de perder lo poco que tienen.
Este patrón de abuso financiero no parece ser un hecho aislado en la ciudad del norte salteño. Un eco perturbador resuena desde hace meses, cuando un grupo de cooperativistas denunció públicamente a una persona que “cambia” cheques provinciales con intereses que alcanzan hasta el 45% por cada valor, lo que significa que un cheque de 10 millones de pesos se reduce a 5.5 millones en manos de los necesitados. Este inquietante panorama subraya la urgencia de una acción judicial contundente para desarticular estas redes de explotación y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad tartagalense.
La trama se destapó cuando la jueza civil y comercial del distrito de Tartagal, María Eugenia Hernández Berni, se encontró en su despacho con un inusual y alarmante patrón: un mismo particular solicitaba el embargo de bienes —desde salarios y viviendas hasta vehículos— de al menos 40 personas. Todas ellas habían accedido a préstamos de dinero en efectivo con un interés anual del 310% y otras tasas adicionales que llevaban a devolver sumas cuatro veces mayores a las recibidas. Ante este cúmulo de evidencias que apuntaban a un esquema organizado y depredador, la magistrada no dudó en alertar al Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, quien dispuso la investigación por parte del fiscal Rafael Medina.
Sin embargo, la investigación no avanzó con la celeridad esperada. Tras meses de inacción por parte del agente fiscal, la jueza Hernández Berni volvió a insistir en septiembre, requiriendo informes urgentes sobre las medidas adoptadas, como allanamientos, secuestro de documentos y la toma de declaraciones a los posibles damnificados. Fuentes cercanas a la causa indicaron el caso de una joven de Villa Saavedra que había solicitado un millón de pesos y se encontraba obligada a devolver cuatro millones, un escenario que se replicaba entre el resto de las víctimas acorraladas por el prestamista.
La magistrada, con palpable preocupación, confirmó la situación y explicó su motivación para actuar: “Yo no soy jueza penal, por eso no puedo investigar la comisión de un delito como la usura, pero al encontrarme con 34 pedidos de embargos formulados por la misma persona, que reconoce prestar dinero sin ser una financiera, cuando veo los intereses astronómicos sin punto de comparación con los que cobra cualquier entidad financiera o bancaria, y más aún si esto se publicita, consideré que puede tratarse de delitos contemplados en el Código Penal”. Asimismo, Hernández Berni hizo hincapié en la dramática situación de muchísimas familias que, por necesidad, recurren a estos prestamistas y corren el riesgo de perder lo poco que tienen.
Este patrón de abuso financiero no parece ser un hecho aislado en la ciudad del norte salteño. Un eco perturbador resuena desde hace meses, cuando un grupo de cooperativistas denunció públicamente a una persona que “cambia” cheques provinciales con intereses que alcanzan hasta el 45% por cada valor, lo que significa que un cheque de 10 millones de pesos se reduce a 5.5 millones en manos de los necesitados. Este inquietante panorama subraya la urgencia de una acción judicial contundente para desarticular estas redes de explotación y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad tartagalense.
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