Policiales
Escándalo Nacional: Desarticulan Banda que Vendía Licencias Falsas y Borraba Multas con Audaces Operaciones
Redacción Que Onda Salta
07 Nov, 2026 - 20:22 hs.
Un entramado criminal de proporciones insospechadas que operó durante casi dos años, dedicado a la venta irregular de licencias de conducir y a la eliminación de multas de tránsito, ha sido parcialmente desmantelado. La Cámara Federal porteña ha ratificado los procesamientos de dos individuos clave, arrojando luz sobre una organización que, con notable audacia, había tejido una red de engaño y corrupción en varias jurisdicciones de Argentina. Desde noviembre de 2021 hasta agosto del año pasado, esta banda delictiva se movió con total impunidad, ofreciendo "soluciones" exprés y fraudulentas a quienes buscaban evadir los requisitos legales para circular en las calles.
La modus operandi de esta organización era tan simple como efectiva, y se extendía por los municipios bonaerenses de San Martín y Ezeiza, así como por la localidad correntina de Ituzaingó. Sin embargo, su alcance no conocía fronteras geográficas; para clientes de otras regiones, el primer paso consistía en simular la pérdida del DNI y gestionar uno nuevo con domicilio en las jurisdicciones controladas por la banda. La captación de interesados se realizaba en gran parte a través de plataformas digitales masivas como Facebook y TikTok, demostrando una adaptación a las nuevas tecnologías para fines ilícitos. Los montos exigidos por estas "gestiones" eran exorbitantes, oscilando entre los $220.000 y $270.000, pudiendo escalar hasta los $450.000 para categorías profesionales o para sortear impedimentos médicos o judiciales, lo que evidencia la magnitud del negocio.
Las escuchas telefónicas, piedra angular de la investigación, revelaron un sinfín de conversaciones que exponen la flagrante ilegalidad de sus acciones y el descaro con el que operaban. En una de ellas, fechada el 31 de marzo pasado, uno de los integrantes se refería a un cliente que "no pasa la vista, no ve un sorete", explicando que subsanar ese inconveniente costaría "cien lucas" adicionales. Aún más alarmante fue el caso del 15 de abril: "No sabe leer ni escribir", se quejaban. "No sabe las letras. Ni el nombre sabe". La solución propuesta, increíblemente, fue que el cliente practicara su nombre, DNI y firma antes de volver, desatando la indignación interna: "Bueno pero lo primero que hay que preguntar es: che ¿sabes leer y escribir?", clamó uno de los miembros, revelando la completa omisión de controles básicos de idoneidad.
Pero la oferta no se limitaba a la obtención fraudulenta de licencias. La red también proponía la supuesta eliminación de infracciones de tránsito. Los interesados solo debían enviar patente, DNI y datos del vehículo, y en cuestión de días, tras abonar cerca del 55% del valor de la deuda, se prometía que el sistema mostraría su vehículo "limpio". Las conversaciones interceptadas son claras al respecto: "Multa, sí claro, borrarlo sí", se escuchó el 14 de abril, asegurando un "libre deuda que está limpia, borrada". La trama de corrupción se extiende, ya que parte del dinero recaudado se habría destinado a "acomodar a los médicos" y a realizar pagos "de adentro", insinuando una posible complicidad de funcionarios dentro de organismos públicos, un aspecto que aún se encuentra bajo rigurosa investigación.
La contundencia de las pruebas, que incluyen intervenciones telefónicas, publicaciones en redes sociales, transferencias de dinero, tareas de campo y documentación secuestrada, ha sido fundamental para la confirmación judicial de los procesamientos por asociación ilícita, cohecho activo y falsedad ideológica. Los jueces Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal, destacaron que no se trató de hechos aislados, sino de una operatoria sostenida en el tiempo, con una clara división de roles y una manifiesta intención de expandirse. Si bien las pericias determinaron que las licencias emitidas eran auténticas como documentos y figuraban registradas en el sistema oficial, la sospecha central radica en que contenían datos ideológicamente falsos o fueron expedidas sin cumplir con los controles obligatorios, poniendo en grave riesgo la seguridad vial y la integridad de los registros públicos.
La modus operandi de esta organización era tan simple como efectiva, y se extendía por los municipios bonaerenses de San Martín y Ezeiza, así como por la localidad correntina de Ituzaingó. Sin embargo, su alcance no conocía fronteras geográficas; para clientes de otras regiones, el primer paso consistía en simular la pérdida del DNI y gestionar uno nuevo con domicilio en las jurisdicciones controladas por la banda. La captación de interesados se realizaba en gran parte a través de plataformas digitales masivas como Facebook y TikTok, demostrando una adaptación a las nuevas tecnologías para fines ilícitos. Los montos exigidos por estas "gestiones" eran exorbitantes, oscilando entre los $220.000 y $270.000, pudiendo escalar hasta los $450.000 para categorías profesionales o para sortear impedimentos médicos o judiciales, lo que evidencia la magnitud del negocio.
Las escuchas telefónicas, piedra angular de la investigación, revelaron un sinfín de conversaciones que exponen la flagrante ilegalidad de sus acciones y el descaro con el que operaban. En una de ellas, fechada el 31 de marzo pasado, uno de los integrantes se refería a un cliente que "no pasa la vista, no ve un sorete", explicando que subsanar ese inconveniente costaría "cien lucas" adicionales. Aún más alarmante fue el caso del 15 de abril: "No sabe leer ni escribir", se quejaban. "No sabe las letras. Ni el nombre sabe". La solución propuesta, increíblemente, fue que el cliente practicara su nombre, DNI y firma antes de volver, desatando la indignación interna: "Bueno pero lo primero que hay que preguntar es: che ¿sabes leer y escribir?", clamó uno de los miembros, revelando la completa omisión de controles básicos de idoneidad.
Pero la oferta no se limitaba a la obtención fraudulenta de licencias. La red también proponía la supuesta eliminación de infracciones de tránsito. Los interesados solo debían enviar patente, DNI y datos del vehículo, y en cuestión de días, tras abonar cerca del 55% del valor de la deuda, se prometía que el sistema mostraría su vehículo "limpio". Las conversaciones interceptadas son claras al respecto: "Multa, sí claro, borrarlo sí", se escuchó el 14 de abril, asegurando un "libre deuda que está limpia, borrada". La trama de corrupción se extiende, ya que parte del dinero recaudado se habría destinado a "acomodar a los médicos" y a realizar pagos "de adentro", insinuando una posible complicidad de funcionarios dentro de organismos públicos, un aspecto que aún se encuentra bajo rigurosa investigación.
La contundencia de las pruebas, que incluyen intervenciones telefónicas, publicaciones en redes sociales, transferencias de dinero, tareas de campo y documentación secuestrada, ha sido fundamental para la confirmación judicial de los procesamientos por asociación ilícita, cohecho activo y falsedad ideológica. Los jueces Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal, destacaron que no se trató de hechos aislados, sino de una operatoria sostenida en el tiempo, con una clara división de roles y una manifiesta intención de expandirse. Si bien las pericias determinaron que las licencias emitidas eran auténticas como documentos y figuraban registradas en el sistema oficial, la sospecha central radica en que contenían datos ideológicamente falsos o fueron expedidas sin cumplir con los controles obligatorios, poniendo en grave riesgo la seguridad vial y la integridad de los registros públicos.
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