Policiales
Golpe Judicial para Manaos: La Justicia Confirma el Procesamiento de Orlando Canido por Evasión Millonaria
Redacción Que Onda Salta
07 Nov, 2026 - 20:20 hs.
Un duro golpe judicial sacude al emporio de bebidas Manaos y a su fundador, Orlando Canido. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ha ratificado el procesamiento del empresario y el embargo de sus bienes, en el marco de una compleja investigación por presuntas irregularidades tributarias ligadas al Impuesto a las Ganancias del año 2020. Esta contundente resolución no solo alcanza a Canido, sino que también involucra directamente a Refres Now S.A., la empresa detrás de la popular marca de gaseosas, poniendo en jaque su situación fiscal y el futuro de uno de los referentes de la industria nacional.
La decisión, rubricada el pasado 22 de octubre por los magistrados Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I del tribunal, convalida en su totalidad una determinación previa emanada del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 3. Es fundamental precisar que la revisión judicial abarcó dos vertientes esenciales del expediente: por un lado, los sobreseimientos dictados por prescripción de la acción penal para episodios correspondientes a los períodos fiscales 2017 y 2018; por el otro, los procesamientos y embargos concretados por el incidente concerniente al Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2020. La Cámara, con esta determinación, optó por mantener incólume el pronunciamiento apelado, sin introducir modificaciones sustanciales, lo que solidifica la continuidad de la pesquisa para el año fiscal más reciente.
En el corazón de la pesquisa judicial se encuentra un préstamo de 650 millones de pesos, declarado por la empresa, que ha sido puesto bajo la lupa de los investigadores. La hipótesis central de la acusación sugiere que esta operación habría sido utilizada para justificar un incremento patrimonial carente de respaldo suficiente. Canido, por su parte, argumentó que los fondos provinieron en efectivo de un tercero, identificado en el expediente como Lorenzo Pizzo. No obstante, la querella, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —sucesora de la AFIP en esta causa—, cuestionó enérgicamente esta explicación, aludiendo a la supuesta falta de capacidad económica de Pizzo para otorgar un préstamo de tal envergadura en 2020. Asimismo, la investigación profundiza en otras deducciones tributarias, una posible duplicación de facturación y la declaración de pasivos cuya existencia y trazabilidad aún se encuentran bajo estricta revisión judicial. Como medida cautelar, se ratificó un embargo preventivo sobre los bienes de Canido que asciende a 250 millones de pesos, idéntica medida patrimonial impuesta a Refres Now S.A., buscando garantizar eventuales responsabilidades económicas sin que ello implique una condena definitiva.
Pero las irregularidades bajo escrutinio no se agotan allí. Otro flanco relevante de la investigación se centra en los comprobantes emitidos a nombre de distribuidores que han sido puestos en tela de juicio. ARCA solicitó una exhaustiva revisión de los tickets vinculados con ochenta distribuidores, de los cuales treinta y nueve figuraban en los registros de contribuyentes “no confiables” durante 2021 y 2022. El organismo fiscalizador busca determinar la efectiva existencia de estas operaciones, si contaron con el debido respaldo comercial y cuál fue el flujo real de los fondos involucrados. A esto se suman dudas sobre operaciones mayoristas por más de 10.000 millones de pesos que, según la querella, no pudieron ser reconstruidas fehacientemente, así como reparos sobre la infraestructura, los activos y la cantidad de empleados declarados por las firmas en relación con el volumen de actividad atribuido. Es crucial recordar que el procesamiento, si bien es una decisión de peso en la etapa de instrucción, no equivale a una condena; supone que el juez halló elementos suficientes para proseguir con la investigación respecto de una persona, pero no define su responsabilidad penal. Canido, por el momento, mantiene su libertad mientras el proceso judicial avanza.
La confirmación de la Cámara de San Martín revitaliza la decisión tomada en julio por el juzgado de Morón. Con este espaldarazo judicial, el expediente continuará su curso, centrándose en el análisis exhaustivo de la documentación contable, las operaciones objetadas y los descargos que presenten los imputados. Este avance judicial se produce en un contexto particular, mientras el empresario Orlando Canido sigue firme con su actividad en el competitivo mercado de bebidas sin alcohol; de hecho, en julio de 2023, Canido adquirió las reconocidas marcas Cunnington y Neuss, en una operación valuada en 74 millones de dólares. La causa penal tributaria, sin embargo, seguirá su propio e implacable camino, con el objetivo de dilucidar si las maniobras investigadas existieron realmente y qué responsabilidades legales podrían derivarse de ellas, manteniendo en vilo el futuro del magnate de las bebidas y de su pujante emporio.
La decisión, rubricada el pasado 22 de octubre por los magistrados Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I del tribunal, convalida en su totalidad una determinación previa emanada del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 3. Es fundamental precisar que la revisión judicial abarcó dos vertientes esenciales del expediente: por un lado, los sobreseimientos dictados por prescripción de la acción penal para episodios correspondientes a los períodos fiscales 2017 y 2018; por el otro, los procesamientos y embargos concretados por el incidente concerniente al Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2020. La Cámara, con esta determinación, optó por mantener incólume el pronunciamiento apelado, sin introducir modificaciones sustanciales, lo que solidifica la continuidad de la pesquisa para el año fiscal más reciente.
En el corazón de la pesquisa judicial se encuentra un préstamo de 650 millones de pesos, declarado por la empresa, que ha sido puesto bajo la lupa de los investigadores. La hipótesis central de la acusación sugiere que esta operación habría sido utilizada para justificar un incremento patrimonial carente de respaldo suficiente. Canido, por su parte, argumentó que los fondos provinieron en efectivo de un tercero, identificado en el expediente como Lorenzo Pizzo. No obstante, la querella, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —sucesora de la AFIP en esta causa—, cuestionó enérgicamente esta explicación, aludiendo a la supuesta falta de capacidad económica de Pizzo para otorgar un préstamo de tal envergadura en 2020. Asimismo, la investigación profundiza en otras deducciones tributarias, una posible duplicación de facturación y la declaración de pasivos cuya existencia y trazabilidad aún se encuentran bajo estricta revisión judicial. Como medida cautelar, se ratificó un embargo preventivo sobre los bienes de Canido que asciende a 250 millones de pesos, idéntica medida patrimonial impuesta a Refres Now S.A., buscando garantizar eventuales responsabilidades económicas sin que ello implique una condena definitiva.
Pero las irregularidades bajo escrutinio no se agotan allí. Otro flanco relevante de la investigación se centra en los comprobantes emitidos a nombre de distribuidores que han sido puestos en tela de juicio. ARCA solicitó una exhaustiva revisión de los tickets vinculados con ochenta distribuidores, de los cuales treinta y nueve figuraban en los registros de contribuyentes “no confiables” durante 2021 y 2022. El organismo fiscalizador busca determinar la efectiva existencia de estas operaciones, si contaron con el debido respaldo comercial y cuál fue el flujo real de los fondos involucrados. A esto se suman dudas sobre operaciones mayoristas por más de 10.000 millones de pesos que, según la querella, no pudieron ser reconstruidas fehacientemente, así como reparos sobre la infraestructura, los activos y la cantidad de empleados declarados por las firmas en relación con el volumen de actividad atribuido. Es crucial recordar que el procesamiento, si bien es una decisión de peso en la etapa de instrucción, no equivale a una condena; supone que el juez halló elementos suficientes para proseguir con la investigación respecto de una persona, pero no define su responsabilidad penal. Canido, por el momento, mantiene su libertad mientras el proceso judicial avanza.
La confirmación de la Cámara de San Martín revitaliza la decisión tomada en julio por el juzgado de Morón. Con este espaldarazo judicial, el expediente continuará su curso, centrándose en el análisis exhaustivo de la documentación contable, las operaciones objetadas y los descargos que presenten los imputados. Este avance judicial se produce en un contexto particular, mientras el empresario Orlando Canido sigue firme con su actividad en el competitivo mercado de bebidas sin alcohol; de hecho, en julio de 2023, Canido adquirió las reconocidas marcas Cunnington y Neuss, en una operación valuada en 74 millones de dólares. La causa penal tributaria, sin embargo, seguirá su propio e implacable camino, con el objetivo de dilucidar si las maniobras investigadas existieron realmente y qué responsabilidades legales podrían derivarse de ellas, manteniendo en vilo el futuro del magnate de las bebidas y de su pujante emporio.
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