Política
Fuerte Debate Nacional: ¿Se Vende el Pasaporte Argentino por USD 350.000?
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Redacción Que Onda Salta
07 Nov, 2026 - 20:15 hs.
En un escenario de intensos debates sobre la política migratoria y la soberanía nacional, una controvertida propuesta del Gobierno ha encendido las alarmas en todo el país. Se trata de un programa que, bajo el rótulo de "ciudadanía por inversión", ofrecería la nacionalidad argentina a cambio de un significativo aporte económico. Esta iniciativa ha generado un rotundo rechazo por parte de diversos sectores políticos y sociales, siendo el diputado nacional Martín Lousteau uno de sus más férreos críticos, quien no ha dudado en calificarla como una "venta" del pasaporte argentino, alertando sobre sus posibles consecuencias para la integridad de nuestra política migratoria y los derechos políticos fundamentales.
De acuerdo con los detalles que trascendieron, el programa contempla dos alternativas principales para los interesados: un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o, en su defecto, la suscripción de un título público por un valor de 800.000 dólares. A estas cifras se suman costos adicionales para los familiares del solicitante, con 100.000 dólares por cónyuge y por cada hijo de entre 18 y 25 años que cumpla ciertas condiciones, y 25.000 dólares por cada menor de edad. Así, una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos hijos menores, podría acceder a la ciudadanía argentina por una inversión total de 500.000 dólares. Para Lousteau, el corazón de la controversia radica en que la capacidad económica se convierta en la vía principal para adquirir la nacionalidad, desvirtuando el vínculo jurídico y político que debe existir entre un ciudadano y su nación.
Un punto crucial en la crítica del legislador radica en la vinculación de este programa con el DNU 366/2025, el cual modificó la Ley de Ciudadanía e incorporó una vía de naturalización para extranjeros que acrediten una inversión relevante, eliminando la exigencia de un plazo mínimo de residencia en el país. Esta disposición contrasta abruptamente con la vía ordinaria, que demanda dos años de residencia legal y continua, con estrictos requisitos que, según Lousteau, incluso penalizan salidas temporales del territorio. La modificación no solo ha generado un fuerte rechazo en el ámbito político, sino que también enfrenta cuestionamientos judiciales, como la declaración de nulidad por parte de la Cámara Nacional Electoral en una causa específica, fallo que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá.
Más allá de las aristas jurídicas internas, el legislador no dudó en señalar los posibles efectos adversos del programa en la esfera internacional. Lousteau advirtió que los esquemas de ciudadanía por inversión pueden afectar la reputación y las facilidades de viaje de los países que los implementan, en caso de que otros Estados cuestionen la rigurosidad de sus controles de naturalización. Mencionó antecedentes como las restricciones aplicadas a ciudadanos de Vanuatu, países del Caribe y el caso de Malta, cuyo programa fue objeto de controversia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La eventual revisión de exenciones de visa podría menoscabar una de las grandes ventajas del pasaporte argentino: la posibilidad de ingresar sin visa a numerosos destinos, con consecuencias que excederían la política migratoria nacional.
Finalmente, otra de las preocupaciones centrales planteadas por Lousteau se relaciona con la posibilidad de que esta vía de acceso a la ciudadanía se convierta en un mecanismo para eludir las restricciones vigentes sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El acceso a la nacionalidad podría, de esta manera, alterar la situación jurídica de un inversor frente a límites establecidos para quienes no poseen la ciudadanía argentina. El legislador insistió en que el Congreso debe analizar exhaustivamente este programa, no solo por el capital que pretende atraer, sino fundamentalmente por sus implicancias sobre las reglas que rigen la ciudadanía y la adquisición de tierras en nuestro país, haciendo un llamado a rechazar el DNU que sustenta esta polémica iniciativa.
De acuerdo con los detalles que trascendieron, el programa contempla dos alternativas principales para los interesados: un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o, en su defecto, la suscripción de un título público por un valor de 800.000 dólares. A estas cifras se suman costos adicionales para los familiares del solicitante, con 100.000 dólares por cónyuge y por cada hijo de entre 18 y 25 años que cumpla ciertas condiciones, y 25.000 dólares por cada menor de edad. Así, una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos hijos menores, podría acceder a la ciudadanía argentina por una inversión total de 500.000 dólares. Para Lousteau, el corazón de la controversia radica en que la capacidad económica se convierta en la vía principal para adquirir la nacionalidad, desvirtuando el vínculo jurídico y político que debe existir entre un ciudadano y su nación.
Un punto crucial en la crítica del legislador radica en la vinculación de este programa con el DNU 366/2025, el cual modificó la Ley de Ciudadanía e incorporó una vía de naturalización para extranjeros que acrediten una inversión relevante, eliminando la exigencia de un plazo mínimo de residencia en el país. Esta disposición contrasta abruptamente con la vía ordinaria, que demanda dos años de residencia legal y continua, con estrictos requisitos que, según Lousteau, incluso penalizan salidas temporales del territorio. La modificación no solo ha generado un fuerte rechazo en el ámbito político, sino que también enfrenta cuestionamientos judiciales, como la declaración de nulidad por parte de la Cámara Nacional Electoral en una causa específica, fallo que el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá.
Más allá de las aristas jurídicas internas, el legislador no dudó en señalar los posibles efectos adversos del programa en la esfera internacional. Lousteau advirtió que los esquemas de ciudadanía por inversión pueden afectar la reputación y las facilidades de viaje de los países que los implementan, en caso de que otros Estados cuestionen la rigurosidad de sus controles de naturalización. Mencionó antecedentes como las restricciones aplicadas a ciudadanos de Vanuatu, países del Caribe y el caso de Malta, cuyo programa fue objeto de controversia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La eventual revisión de exenciones de visa podría menoscabar una de las grandes ventajas del pasaporte argentino: la posibilidad de ingresar sin visa a numerosos destinos, con consecuencias que excederían la política migratoria nacional.
Finalmente, otra de las preocupaciones centrales planteadas por Lousteau se relaciona con la posibilidad de que esta vía de acceso a la ciudadanía se convierta en un mecanismo para eludir las restricciones vigentes sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El acceso a la nacionalidad podría, de esta manera, alterar la situación jurídica de un inversor frente a límites establecidos para quienes no poseen la ciudadanía argentina. El legislador insistió en que el Congreso debe analizar exhaustivamente este programa, no solo por el capital que pretende atraer, sino fundamentalmente por sus implicancias sobre las reglas que rigen la ciudadanía y la adquisición de tierras en nuestro país, haciendo un llamado a rechazar el DNU que sustenta esta polémica iniciativa.
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