Policiales
Escándalo millonario: La Justicia convoca a la cúpula de Droguería Suizo Argentina por presuntas coimas en Discapacidad
Redacción Que Onda Salta
07 Nov, 2026 - 20:21 hs.
Un cimbronazo judicial de proporciones sacude los cimientos de la administración pública y el sector privado, con epicentro en la investigación por presunta corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad. En una medida de alto impacto, el juez federal Ariel Lijo ha convocado a declaración indagatoria a los principales directivos de la Droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente respectivamente, junto a un nutrido grupo de empresarios y exfuncionarios. Esta decisión, que se inscribe en una causa de gran envergadura, busca desentrañar una compleja trama de irregularidades que habría drenado fondos públicos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La determinación del magistrado no solo implica la citación de los Kovalivker y otros acusados, sino que también incluye la drástica medida de inhibición general de bienes para todos los implicados. Esta acción precautoria, solicitada por la fiscalía y avalada por el juez, responde a la fundada sospecha de que podrían llevarse a cabo maniobras para desprenderse de activos, dificultando así el recupero de fondos eventualmente malversados. El calendario judicial se presenta cargado, con las primeras comparecencias fijadas para el próximo jueves 29 de octubre en los tribunales de Retiro, marcando el inicio de un proceso que se extenderá con un total de 39 indagatorias, a razón de tres por día, distribuidas a lo largo de las semanas siguientes.
La investigación de la fiscalía, detallada en un dictamen que supera las 300 páginas, ha puesto al descubierto un sofisticado mecanismo de corrupción que, según las acusaciones, permitió anticipar información clave en las compulsas de precios, definir de antemano a las empresas adjudicatarias y establecer valores de venta exorbitantes para tratamientos de alto costo. La Droguería Suizo Argentina, bajo la lupa judicial, habría sido la principal contratista de la Agencia, embolsando una cifra escalofriante que ascendería a los $137.118.708.357 en un extenso periodo bajo investigación, delineando la magnitud del presunto desfalco.
El esquema fraudulento, de acuerdo con la fiscalía, no habría sido obra de un solo actor, sino que involucraría a un conglomerado de 14 firmas que operarían bajo una coordinación común. Se les imputa la administración de pagos ilegales, la asignación direccionada de adjudicaciones y, en un macabro detalle, el uso de demoras en las transferencias como una herramienta para disciplinar a aquellas empresas que osaran no seguir las condiciones pactadas en este presunto entramado corrupto. Un caso paradigmático que ilustra la desproporción de los precios investigados refiere a un medicamento esencial para el tratamiento de la esclerosis múltiple: adquirido por la empresa a $92.000 la unidad, habría sido revendido a la ANDIS por cifras que oscilaban entre $3.870.392 y $4.063.912, una diferencia abismal que clama por respuestas.
Estas indagatorias, que ampliarán las declaraciones de procesados previos como Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, representan un avance crucial en la causa. La Justicia busca establecer responsabilidades y determinar el alcance de una red de corrupción que, de confirmarse, no solo desvió ingentes recursos del Estado, sino que también habría jugado con la salud y la dignidad de las personas con discapacidad, quienes dependen críticamente de la transparencia y la eficiencia en la gestión de sus tratamientos. Este proceso judicial promete ser largo y complejo, pero la firmeza de las primeras medidas adoptadas por el juez Lijo envía un mensaje contundente contra la impunidad.
La determinación del magistrado no solo implica la citación de los Kovalivker y otros acusados, sino que también incluye la drástica medida de inhibición general de bienes para todos los implicados. Esta acción precautoria, solicitada por la fiscalía y avalada por el juez, responde a la fundada sospecha de que podrían llevarse a cabo maniobras para desprenderse de activos, dificultando así el recupero de fondos eventualmente malversados. El calendario judicial se presenta cargado, con las primeras comparecencias fijadas para el próximo jueves 29 de octubre en los tribunales de Retiro, marcando el inicio de un proceso que se extenderá con un total de 39 indagatorias, a razón de tres por día, distribuidas a lo largo de las semanas siguientes.
La investigación de la fiscalía, detallada en un dictamen que supera las 300 páginas, ha puesto al descubierto un sofisticado mecanismo de corrupción que, según las acusaciones, permitió anticipar información clave en las compulsas de precios, definir de antemano a las empresas adjudicatarias y establecer valores de venta exorbitantes para tratamientos de alto costo. La Droguería Suizo Argentina, bajo la lupa judicial, habría sido la principal contratista de la Agencia, embolsando una cifra escalofriante que ascendería a los $137.118.708.357 en un extenso periodo bajo investigación, delineando la magnitud del presunto desfalco.
El esquema fraudulento, de acuerdo con la fiscalía, no habría sido obra de un solo actor, sino que involucraría a un conglomerado de 14 firmas que operarían bajo una coordinación común. Se les imputa la administración de pagos ilegales, la asignación direccionada de adjudicaciones y, en un macabro detalle, el uso de demoras en las transferencias como una herramienta para disciplinar a aquellas empresas que osaran no seguir las condiciones pactadas en este presunto entramado corrupto. Un caso paradigmático que ilustra la desproporción de los precios investigados refiere a un medicamento esencial para el tratamiento de la esclerosis múltiple: adquirido por la empresa a $92.000 la unidad, habría sido revendido a la ANDIS por cifras que oscilaban entre $3.870.392 y $4.063.912, una diferencia abismal que clama por respuestas.
Estas indagatorias, que ampliarán las declaraciones de procesados previos como Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, representan un avance crucial en la causa. La Justicia busca establecer responsabilidades y determinar el alcance de una red de corrupción que, de confirmarse, no solo desvió ingentes recursos del Estado, sino que también habría jugado con la salud y la dignidad de las personas con discapacidad, quienes dependen críticamente de la transparencia y la eficiencia en la gestión de sus tratamientos. Este proceso judicial promete ser largo y complejo, pero la firmeza de las primeras medidas adoptadas por el juez Lijo envía un mensaje contundente contra la impunidad.
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