Política
Tensión en Casa Rosada: Con el Riesgo País al Alza, la Suspensión de las PASO Divide al Oficialismo
Redacción Que Onda Salta
07 Nov, 2026 - 21:14 hs.
La escena económica argentina se tiñe de incertidumbre y preocupación. El Riesgo País, ese termómetro que mide la confianza de los inversores en la capacidad de pago de nuestra deuda, ha vuelto a encender las alarmas al trepar hasta los 710 puntos básicos. Esta cifra, la más alta registrada desde finales del año pasado, no solo es un indicador frío en un gráfico, sino que refleja la creciente desconfianza de los mercados internacionales, poniendo en jaque la credibilidad del actual gobierno y la viabilidad de sus planes a futuro, especialmente de cara a las próximas contiendas electorales.
La escalada no es menor; los títulos soberanos denominados en dólares han sufrido una caída promedio del 6% en el último mes, con bonos de plazos más extensos experimentando retrocesos superiores al 7%. El índice de JP Morgan, que compara las tasas de los bonos argentinos con las de los seguros del Tesoro estadounidense, ha encadenado ocho jornadas consecutivas de subas, avanzando unas 35 unidades solo en la última jornada. Desde el Palacio de Hacienda, si bien se reconoce la influencia de factores externos, como la suba de tasas en mercados de referencia y la volatilidad global por conflictos bélicos y comerciales, la mirada se posa con especial énfasis en un componente interno que está exacerbando la situación.
Este componente interno es, a todas luces, de índole eminentemente política: la compleja y aún inconclusa gestión para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para los actores financieros, esta postergación no es un mero detalle; reviste una importancia capital. El oficialismo aspira a trasladar la incertidumbre electoral de agosto a octubre, otorgando así un oxígeno adicional a la economía para una posible recuperación. De lograrse, esta maniobra no solo generaría un clima de mayor estabilidad para los mercados, sino que, en la visión gubernamental, potenciaría significativamente las posibilidades de reelección del actual Presidente. Sin embargo, este camino se ve plagado de obstáculos.
Precisamente, la imposibilidad de avanzar en esta reforma sin antes tejer complejos acuerdos con espacios aliados y gobernadores ha desatado una profunda interna en el seno del gobierno. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza la facción que presiona por acelerar los entendimientos políticos, incluso si ello implica que La Libertad Avanza deba moderar sus ambiciones en las elecciones provinciales. Esta postura choca directamente con la visión de Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, responsables del armado político nacional, quienes interpretan que ceder en ese frente menoscaba su área de influencia y que, por el contrario, debe ser el plan económico el que impulse el caudal electoral. En este ajedrez de poder, Caputo cuenta con el respaldo de figuras como su sobrino Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la senadora Patricia Bullrich, mientras que la decisiva voz de Karina Milei se mantiene en una ambigua neutralidad, interpretada por algunos como un tácito apoyo a la línea Menem, a quienes sus detractores califican de "minoría muy intensa".
La insistencia del equipo económico es férrea: "con un acuerdo político con la oposición y fundamentos macroeconómicos el riesgo país va a bajar a menos de 300 puntos", sentencian, al tiempo que advierten que "no hay margen para dar marcha atrás con el plan económico" y que es imperativo "seguir con la ortodoxia monetaria y fiscal para fortalecer el balance del Banco Central". En este escenario, Diego Santilli se erige como el principal negociador con gobernadores y bloques opositores, buscando los 36 votos necesarios en el Senado para la Reforma Política. Aunque el desafío es formidable —navegar entre bancadas radicales que responden a gobernadores y otras más independientes, y convencer a legisladores del PRO como Andrea Cristina o Edith Terenzi, ligadas a sus mandatarios provinciales—, desde el gobierno se muestran optimistas, afirmando que "si el Colo tiene la autorización política para meter presión, los votos van a estar", incluso si se debe buscar "algún peronista o buscar por el lado de Santa Cruz" para el último sufragio. A pesar de que la tramitación se esperaba para fines de octubre o principios de noviembre, los plazos se han estirado hasta el 10 de diciembre, y no se descartan sesiones extraordinarias, demostrando la complejidad de la tarea.
La escalada no es menor; los títulos soberanos denominados en dólares han sufrido una caída promedio del 6% en el último mes, con bonos de plazos más extensos experimentando retrocesos superiores al 7%. El índice de JP Morgan, que compara las tasas de los bonos argentinos con las de los seguros del Tesoro estadounidense, ha encadenado ocho jornadas consecutivas de subas, avanzando unas 35 unidades solo en la última jornada. Desde el Palacio de Hacienda, si bien se reconoce la influencia de factores externos, como la suba de tasas en mercados de referencia y la volatilidad global por conflictos bélicos y comerciales, la mirada se posa con especial énfasis en un componente interno que está exacerbando la situación.
Este componente interno es, a todas luces, de índole eminentemente política: la compleja y aún inconclusa gestión para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para los actores financieros, esta postergación no es un mero detalle; reviste una importancia capital. El oficialismo aspira a trasladar la incertidumbre electoral de agosto a octubre, otorgando así un oxígeno adicional a la economía para una posible recuperación. De lograrse, esta maniobra no solo generaría un clima de mayor estabilidad para los mercados, sino que, en la visión gubernamental, potenciaría significativamente las posibilidades de reelección del actual Presidente. Sin embargo, este camino se ve plagado de obstáculos.
Precisamente, la imposibilidad de avanzar en esta reforma sin antes tejer complejos acuerdos con espacios aliados y gobernadores ha desatado una profunda interna en el seno del gobierno. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza la facción que presiona por acelerar los entendimientos políticos, incluso si ello implica que La Libertad Avanza deba moderar sus ambiciones en las elecciones provinciales. Esta postura choca directamente con la visión de Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, responsables del armado político nacional, quienes interpretan que ceder en ese frente menoscaba su área de influencia y que, por el contrario, debe ser el plan económico el que impulse el caudal electoral. En este ajedrez de poder, Caputo cuenta con el respaldo de figuras como su sobrino Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la senadora Patricia Bullrich, mientras que la decisiva voz de Karina Milei se mantiene en una ambigua neutralidad, interpretada por algunos como un tácito apoyo a la línea Menem, a quienes sus detractores califican de "minoría muy intensa".
La insistencia del equipo económico es férrea: "con un acuerdo político con la oposición y fundamentos macroeconómicos el riesgo país va a bajar a menos de 300 puntos", sentencian, al tiempo que advierten que "no hay margen para dar marcha atrás con el plan económico" y que es imperativo "seguir con la ortodoxia monetaria y fiscal para fortalecer el balance del Banco Central". En este escenario, Diego Santilli se erige como el principal negociador con gobernadores y bloques opositores, buscando los 36 votos necesarios en el Senado para la Reforma Política. Aunque el desafío es formidable —navegar entre bancadas radicales que responden a gobernadores y otras más independientes, y convencer a legisladores del PRO como Andrea Cristina o Edith Terenzi, ligadas a sus mandatarios provinciales—, desde el gobierno se muestran optimistas, afirmando que "si el Colo tiene la autorización política para meter presión, los votos van a estar", incluso si se debe buscar "algún peronista o buscar por el lado de Santa Cruz" para el último sufragio. A pesar de que la tramitación se esperaba para fines de octubre o principios de noviembre, los plazos se han estirado hasta el 10 de diciembre, y no se descartan sesiones extraordinarias, demostrando la complejidad de la tarea.
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